De repente, cuando se escucha a Felipe Calderón en los últimos dos días, viene a la memoria Luis Echeverría Álvarez.
Si la consolidación fiscal se percibe como un tratamiento favorable de manera discrecional para los corporativos, pues simplemente hay que cambiarlo, y punto.
Ninguna tormenta se hubiera desatado si se tratara simplemente de ese cambio.
El punto específico es que se quieren cambiar las reglas con las que se hizo la planeación fiscal en el pasado porque esas reglas beneficiaron a los que entonces hicieron consolidación.
Si quienes estuvieron en las responsabilidades públicas en ese entonces fueron omisos y perdieron de vista el beneficio de los que consolidaban, pues ni modo.
Hay que arreglar las cosas ahora.
Pero lo que no se vale es que se cambien las reglas del pasado. De hecho, el más elemental criterio jurídico anticipa que la Corte tendrá que dar la razón a quienes argumenten que esa aplicación de la ley implica retroactividad.
Pero, más allá del litigio jurídico que sobrevendría si finalmente se aprueba esta reforma, llama la atención la ofensiva oficial en contra de las grandes empresas.
De repente resulta que las empresas que consolidan son los grandes enemigos del Gobierno.
Hace un par de semanas, el SAT mandó una nota que por lo menos es parcial, y quizás hasta mal intencionada.
Resulta que el Servicio de Administración Tributaria señaló que el porcentaje de los impuestos que pagan los grupos es equivalente al 1.7% de sus ingresos brutos.
Conozco a la gente del SAT y respeto su inteli gencia, por lo que infiero que esa nota fue propiciada desde la Presidencia.
Cualquiera que sepa lo más elemental de los impuestos sabe que el parámetro del Impuesto Sobre la Renta respecto a los ingresos brutos es una cifra irrelevante.
Puede haber quien pague el 28% de sus ingresos brutos o quien pague el 0.1%. Todo depende de cuántos gastos tenga y, por lo tanto, cuál sea su utilidad gravable.
Más allá. El tono que ha empleado el Presidente de la República en el último par de días se parece mucho al de López Obrador, quien agarra parejo y refiere que los grandes empresarios no pagan impuestos.
En México, y en todo el mundo, los impuestos corporativos se pagan sobre la base de la utilidad gravable y no sobre los ingresos brutos.
El análisis que ha circulado el SAT es totalmente amañado y nunca dice cuál es la tasa que se paga sobre la utilidad gravable.
Se hace evidente el ánimo de generar animadversión en contra de las grandes empresas, al mejor estilo de Luis Echeverría ¡pero en un sexenio panista!
Pero, por otro lado, no quiero defender a las empresas.
No conozco a un solo gran empresario que no tenga instalado un proceso de planeación fiscal que conduzca a pagar lo menos posible, en función de las reglas del juego vigentes e incluso yendo un poco más allá.
Ninguno, en verdad ninguno, tiene confianza en que los impuestos que paga vayan a ser utilizados de manera correcta.
Por eso prefieren eludir -lo que es perfectamente legal- y administrar lo que hubieran pagado como impuesto, pero canalizándolo a la filantropía.
El gobierno de Felipe Calderón no convence a ninguno de los grupos empresariales que se rasgaban las vestiduras para que le ganara a López Obrador.
Ése es el fondo de la crisis.
El Gobierno carece de liderazgo y no ha tenido la capacidad de inspirar confianza, a pesar del arrojo que mostró en el caso de Luz y Fuerza del Centro.
El problema es que mientras no haya liderazgo, al margen de lo que apruebe el Congreso, seguiremos navegando en la incertidumbre y la mediocridad.
Enrique Quintana. Economista y catedrático.
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Fecha de Publicación: 30/10/2009