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El modelo mexicano de combate a la corrupción

México en su historia ha combatido la corrupción más por coyuntura política y presión pública que por una intención genuina de combatir el problema. Han sido más las ocurrencias que las políticas coherentes y articuladas.

Lo que antes no era corrupción, ahora lo es. Lo que hoy no es corrupción, en el futuro lo será. Hace apenas unos años nadie hablaba de conflictos de intereses o nepotismo. El presupuesto público (así como los vehículos, inmuebles, etcétera) estaban a disposición de los gobernantes sin mayor regulación o consecuencias.

Conforme avanzamos en ética pública vamos avanzando en el entendimiento del concepto de corrupción y sus formas de combatirle. También es cierto que se vuelve más compleja y los corruptos sofistican sus mecanismos. Ahora, por ejemplo, hay una corrupción legal que pronto habrá de regularse (el esquema de la Estafa Maestra, por ejemplo).

Existen modelos internacionales que han sido exitosos en la aplicación de una serie de medidas de impacto diferenciado en distintos niveles de Gobierno y de naturaleza distinta y han derivado no solamente en la mejora de las calificaciones internacionales sino en una genuina reducción del fenómeno. Georgia, en el Cáucaso, es uno de los que más me gustan, toda vez que no implicó las restricciones en materia de derechos humanos de Indonesia y compañía. Tampoco le mocharon la mano a nadie.

Sin embargo, creo que debe crearse un modelo mexicano con características particulares, tanto de prevención, corrección y contención.

La discusión deberá girar no solamente en torno a cómo mejorar el Sistema Nacional Anticorrupción y sus homólogos locales, arreglarles lo que al final se le alteró y que a todas luces no sirve, sino profundizar en lo que realmente se necesita.

El modelo mexicano debería pasar por nuevas herramientas tecnológicas, un nuevo Compranet, la centralización de compras públicas para tener mayor capacidad de negociación frente a los proveedores y, en el caso de no ser así, la definición nacional precios mínimos y máximos de referencia para evitar los sobreprecios o déficits de calidad. Muy importante, un sistema de verificación del destino final de consumibles y equipamientos, entre otras medidas.

Al igual, se deberá pensar en la evolución de los mecanismos de participación ciudadana y control social. A la fecha ha resultado totalmente deficitario. La oferta de que los ciudadanos presidirían el Sistema Anticorrupción fue un espejito inútil pues el CPC no emite acuerdos obligatorios para las instituciones involucradas. En muchos casos no han servido de gran cosa.

La corrupción legalizada debe terminar. Toda operación de Gobierno que implique triangulación de recursos a empresas distribuidoras de fondos (subcontratación de la subcontratación) deberá ser considerada como un delito grave y no la estrategia de la “papa caliente” donde se transfiere la responsabilidad administrativa a otros.

En otro nivel, con incluso una complejidad distinta, la corrupción cotidiana se puede atajar con una agresiva política de digitalización de trámites en los tres niveles de Gobierno, la eliminación de trámites absurdos que tienen una lógica recaudatoria (o con el fin de generar corrupción) así como una estricta regulación de todo proceso de inspección pública.

En las corporaciones policiacas se debe pensar en un esquema de bonos y seguros como incentivos federales para todos los policías municipales que pasen los controles de confianza y mantengan un buen desempeño. Al mismo tiempo, videograbar toda actuación policial y agravar las penas para aquel elemento policiaco que participe de un ilícito, especialmente de un acto de corrupción.

La denuncia ciudadana es fundamental y debe ser sencilla, trascendiendo incluso formalidades jurídicas; debe existir un sistema de denunciantes de buena fe (Whisleblowers). Asuntos internos debe reformarse y evolucionar a un esquema tipo C3, centralizado, con más presupuesto y capacidades de investigación.

El espacio se acaba, pero no las ideas. Deben eliminarse muchos programas sociales y conjuntarse en una gran estrategia no fragmentada, con padrones únicos nacionales; debe crearse un registro público de la propiedad moderno, con una visión de apertura y de rendición de cuentas, interconectado a nivel nacional. No el modelo actual que permite, tanto a notarios sin escrúpulos como a políticos corruptos, escapar de la ley.

Estas son ideas variadas, algunas de experiencias internacionales, que dan para un debate más profundo que, esperemos, se siga dando en nuestro País.

Hasta la próxima.

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