COLUMNAS
EN LA LUPA
El derecho es para el ejercicio de los derechos

El derecho debe ser usado como un instrumento para el óptimo, efectivo, progresivo y real ejercicio de los derechos ciudadanos, no para limitarlos, como sucede con mayor frecuencia de lo que deseamos.

La visión tradicional en estos temas, centrada en la búsqueda (a toda costa) de un “Estado de Derecho” como fin último, hace que se olvide el anhelo social de que exista un régimen de derechos. El derecho como un gran instrumento para el ejercicio de los derechos.

A pesar de tener un nuevo sistema de justicia penal, dicha visión hace que el espíritu de los derechos humanos se pierda del radar y se extravíe en el laberinto de lo legalista, anulando y limitando derechos que en realidad deberían estar plenamente garantizados.

Me refiero a que lugar de ser garantistas y regirse por el nuevo Artículo Primero Constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos (Diddhh) -lo cual es ya una obligación- los operadores e impartidores de justicia se pierden en lo procedimental, en los detalles de la técnica jurídica, olvidándose de valores superiores como la libertad, la vida, el respeto, la libertad de tránsito, entre muchos otros que son difíciles si no imposibles de reparar.

Tenemos años, décadas, como sociedad, privando de la libertad a miles de personas inocentes por detalles de técnica jurídica, por el uso indebido de atribuciones de distintas corporaciones y porque lamentablemente las prioridades y las reglas eran otras.

Ahora, no solamente tenemos un nuevo Sistema de Justicia Penal, sino un nuevo Artículo Primero Constitucional que establece, mandata, a garantizar un régimen de derechos y vincula no a los límites de la Carta Magna, sino a todo instrumento internacional que México haya firmado y ratificado.

Esto significa que las autoridades están obligadas a aplicar la norma que más protección en el ejercicio de sus derechos humanos otorgue a las personas, aunque el marco normativo aplicable sea restrictivo.

Ciertamente la reforma del 2011 fue tan amplia como lo es ahora difícil de interiorizar en el día a día de la acción de Gobierno; y vale la pena decirlo, no se circunscribe únicamente a los temas penales, sino que permea al resto de derechos económicos, sociales, incluso culturales y ambientales.

El cambio de paradigma es enorme y son insuficientes los esfuerzos por difundir e impulsar nuevas instituciones, nuevos entendimientos, procedimientos, nuevos sistemas, nuevos litigantes, nuevos juzgadores e incluso, nuevas ciudadanas y ciudadanos que conozcan, ejerzan y demanden sus derechos.

Entiendo es un proceso gradual, como muchos otros en los que estamos inmersos como País, pero bien vale la pena preguntarnos qué objetivos, indicadores, metas y revisiones nos dirán que vamos por el camino correcto.

Ni uno menos…

En medio de un clima de violencia generalizada en nuestro País, desafortunadamente tenemos un periodista menos.

Ahora en San Luis Potosí fue encontrado el cuerpo sin vida de Édgar Daniel Esqueda, un fotoperiodista de apenas 23 años de edad que fue “levantado” hace una semana y que, según fuentes periodísticas, había denunciado amenazas por parte de agentes ministeriales.

El caso de Édgar Daniel estaba siendo valorado desde julio por el Mecanismo de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero no se había hecho efectiva medida cautelar alguna para evitar que sucediera una desgracia.

La cruda realidad le ganó a la burocracia y al tortuguismo institucional.

La pregunta que ha sido usada de mofa es la única que se me viene a la mente: ¿Cuántos más periodistas deben ser asesinados para que algo cambie?

Édgar Daniel es el undécimo del 2017. Van 38 durante el presente sexenio. ¿Cuántos son suficientes?

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